El pago compensa a los indígenas de los estados de Colorado, Utah y Nuevo México por la explotación del gobierno de Estados Unidos de varios millones de hectáreas de territorio indígena durante más de un siglo. El pleito empezó por la desfavorable administración federal de las tierras y recursos naturales que incluía la extracción de petróleo, gas, madera y tierras de pastoreo.
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