Frente al aumento del número de propuestas de plantas de energía solar, el gobierno federal de EEUU ha impuesto una moratoria de 2 años sobre los nuevos proyectos en terrenos públicos para realizar estudios de impacto ambiental. Las empresas de placas solares aprueban los estudios ambientales pero creen que la congelación es injustificada, argumentan que se colocarían en grandes extensiones desérticas, y además se enfrentan a una aceleración de la demanda de energía alternativa que puede ser aprovechada por empresas de otros países.
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