La última junta de gobierno celebrada el miércoles aprobó el cambio de destinatarios de un bloque de pisos protegidos construido por la empresa municipal de viviendas que, en principio, servirían para prestar alojamiento a mujeres maltratadas y que ahora tendrá como inquilinos a universitarios con escasos recursos económicos. La corporación local justifica dicha modificación en el procedimiento a seguir (licitación pública), que quebranta la confidencialidad que requiere el servicio a las víctimas de la violencia de género.
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