Los ecologistas aseguran que en la madrugada del 1 de octubre de 2012, dos guardas del Parque Nacional fueron avistados armados en el paraje Vega de Redimuña con el arma montada y apostados, "lo que significa que, a pesar de que la resolución [que permite matar lobos] se haya legalmente suspendida, los guardas la llevan a ejecución al margen de la Ley, lo que podría suponer un delito de prevaricación administrativa".
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