El Gobierno estrecha el cerco a las construcciones sin declarar repartidas por todo el territorio nacional. Recurre de nuevo al Catastro para obtener más ingresos. En esta ocasión trata de recaudar por los inmuebles, urbanos o rústicos, que no figuran en sus bases de datos. Para ello establece la tasa de regularización catastral que debe “ser abonada por quien tenga la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles el 1 de enero del año en que se inicie el procedimiento de regularización”, explica el Catastro.
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