El Gobierno español tiene una política de protección de la lengua nacional en las instituciones europeas que lleva a impugnar todas las convocatorias europeas de empleo que discriminan al español. Analiza caso a caso y, cuando nota que se arrincona el castellano, pulsa los botones necesarios para evitar la normalización. Tal y como aparece reflejado en los recursos presentados ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el último el 9 de agosto, el objetivo del Gobierno es que todas esas convocatorias queden anuladas.
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