La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado de la crítica situación de más de 300.000 familias que han sufrido ejecuciones hipotecarias desde 2008 y ha advertido de que si no se hacen reformas legales para reforzar su protección habrá "un suicidio social". "todo lo que no se gaste en protección social, el Gobierno se lo va a tener que gastar en seguridad ciudadana; dinero que se recorte en políticas sociales, dinero que a la larga van a tener que gastar en Policías, en Guardia Civil y en cárceles".
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