Por cada 1.000 euros que la Diputación de A Coruña dedica a financiar servicios públicos básicos, como sus hogares infantiles, el consorcio contraincendios o la coparticipación en la asistencia social a los municipios, tiene que gastar el triple en pagar las nóminas de sus funcionarios. Lo mismo ocurre con el órgano provincial de Lugo, y de una forma todavía más marcada, con el de Pontevedra, que por cada ocho euros que gasta en personal solo destina uno a costear prestaciones básicas.
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