El Gobierno foral suscribió en 1995 un acuerdo por el que se comprometió a comprar más de 40.000 billetes en tres años, para facilitar la oportunidad de viajar al extranjero a los colectivos con rentas bajas. La operación fue declarada ilegal por la UE. El problema llegó cuando los tribunales instaron a la compañía a que restituyese el dinero recibido y pidieron a la institución foral que devolviese los bonos no canjeados. Al no disponer de estos vales, el Ejecutivo vizcaíno se vio obligado a pagar por ellos.
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