El Consejo de Diputados ha retomado el curso político adoptando la decisión de denunciar ante los tribunales, por lesivo para el interés público, el contrato referido a la explotación y la gestión de los tramos guipuzcoanos de la AP8 y la AP1 que vincula a la empresa pública Bidegi con la adjudicataria de esas tareas, Bidelan. Calculan que el coste para las arcas públicas se reduciría en unos 12 millones de euros
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