El autor defiende que antes de plantear una reducción generalizada del sector público, habrá que valorar las notables diferencias en la dimensión que éste tiene en las distintas comunidades autónomas. Exigir mayor reducción en territorios donde relativamente ya es menor provocará problemas de provisión del estado de bienestar. Gran parte de las diferencias las atribuye al modelo de financiación autonómica y lo documenta.
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