El artículo 25.2 de la Constitución Española recoge como derecho fundamental que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de las personas presas. En teoría, el sistema penitenciario español concibe el tratamiento penitenciario como el conjunto de actuaciones directamente dirigidas a la consecución de este fin. Pero ¿hasta qué punto la reinserción laboral y social es una realidad? ¿De verdad se llega a conseguirla o simplemente se intenta?.
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