Unos fueron víctimas de una estafa de la que no fueron avisados por los supervisores. Otros invirtieron en productos que no entendían. Las dos empresas incumplieron así el artículo 28 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, pues esta actividad está reservada a las entidades financieras. Por ello, el Banco de España se equivocó "por omisión" al no prohibirla a sociedades mercantiles.
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