A medida que los casos de corrupción protagonizados por políticos han ido creciendo en los últimos años en España, se ha generado una importante polémica sobre la “presunción de inocencia”, un concepto tan manoseado como devaluado por implicados en estos procesos judiciales y por sus partidos políticos. Hasta tal punto que en este país, nos hemos acostumbrado a que ningún político imputado o procesado dimita, por graves que sean las acusaciones y contundentes sean las pruebas de cargo existentes, algo diferente a lo que sucede en otros países.
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