Lo que está en juego no es "la libertad de enseñanza" ni tampoco "el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa", sino si el dinero público tiene que financiar la educación religiosa por un criterio de coste. La respuesta desproporcionada de la derecha y de la jerarquía católica ante las palabras de la ministra Isabel Celaá demuestra lo mucho que les importa controlar la educación de las élites.
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