Los sindicatos le acusan de cerrar su sede en Tarancón (Cuenca), dos años después de inaugurarla, para abrir otras en lugares diferentes y así cobrar subvenciones al empleo. "Pretende que la Administración le permita despedir trabajadores con una antigüedad media de 18 a 20 años y le otorgue paralelamente subvenciones por generar empleo en otras zonas de esta comunidad autónoma, en condiciones laborales mínimas y precarias”.
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