El Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés ha denunciado hoy que el anterior Ejecutivo autonómico no dio de baja a unas 7.000 personas acogidas a las prestaciones de la Ley de Dependencia y siguió cobrando del Estado alrededor de 14 millones de euros hasta 2011. En declaraciones a Efe, fuentes de este organismo autonómico aseguran que no sólo no se dieron de baja a estos fallecidos que estaban en la base de datos de la dependencia, sino que en la inmensa mayoría de los casos el dinero no llegó a sus familiares.
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