Se trata de una vivienda piloto prefabricada que está valorada en más de un millón y medio de euros. La propiedad de la parcela es de Joaquín Torres. Explica que cuando se enteró de que una pareja con niños había entrado a vivir de forma ilegal en su casa informó a la Guardia Civil para interponer una demanda y su gran sorpresa fue saber que "ellos también tenían sus derechos como okupas".
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