Se trata de un vecino de Cambre, de 43 años que con varias empresas explotaba a inmigrandes sudamericanos, muchos de ellos brasileños, a los que sometía a jornadas laborales de hasta cartorce horas percibiendo un salario muy por debajo de los topes mínimos establecidos por el convenio colectivo. Además no tenían derechos laborales y carecían de cobertura médica.
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