Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una teleoperadora de la empresa que, junto con otras compañeras de trabajo, había sido despedida en agosto. El acusado, supuestamente, ante el preaviso de la convocatoria de elecciones sindicales en la empresa, obligó a los trabajadores a firmar su rechazo a las mismas. También amenazó con despedir a todos los que participaran, amenaza que finalmente llevó a cabo con aquellos trabajadores que intervinieron en la convocatoria.
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