En el momento de cerrar esta información, había diez personas implicadas en el caso, agentes locales acusados de “tráfico de drogas, agresiones con lesiones a prostitutas, omisión del deber de perseguir el delito”. Además de los agentes están implicados familiares de éstos y una limpiadora de un colegio de niños de San Pedro, quien se encargaba presuntamente de vender la droga. El juez Gonzalo Dívar, sobrino del presidente del Consejo del Poder Judicial, ha decretado secreto de sumario del caso.
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