Entre la apreciables novedades del décimo informe Destrucción a Toda Costa publicado por Greenpeace recientemente hay una que destaca por su acierto: el lazo necesario entre la corrupción política y urbanística con la devastación del litoral español. Señala el informe en sus conclusiones que “como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no”.
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