14.100 edificios públicos inutilizados, 350 edificios en el extranjero, miles de terrenos y solares paralizados, y más de 1.000 edificios alquilados para albergar funcionarios públicos con un coste anual aproximado de 100 millones de euros sólo en concepto de arrendamiento, y en muchas Comunidades Autónomas no hay dinero ni para pagar las nóminas de las personas que trabajan al servicio del ciudadano. Sólo en el centro de Madrid, existen inmuebles estratégicos sin uso alguno por valor de más de 500 millones de euros.
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