El sector público es uno de los objetivos de los recortes en las administraciones públicas. Hasta ahora se han planteado dos soluciones para rebajar el desembolso de nóminas: despidos masivos o reducción de jornada de los empleados. La primera opción ha sido elegida por gobiernos autonómicos como el de Valencia o por el Ejecutivo de Rajoy que lo tiene en el ‘debe’ de su gestión tras la ‘recomendación’ de Bruselas. La segunda ha sido lanzada por el Gobierno andaluz liderado por Griñán, con el fin último de no echar a nadie a la calle.
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