La investigación de este caso nace en enero del 2010, cuando una persona se pone en contacto con Carme García, vicepresidenta de ICV en el municipio. La persona, que siempre se ha mantenido en el anonimato, le entregó una información sobre una supuesta trama de corrupción que, según parece, implicaría al ayuntamiento en el cobro de comisiones a empresas constructoras a cambio de adjudicarles obras. Días después de la entrega unos ladrones entraron en la sede de ICV y robaron todos los documentos, pero se dejaron una copia.
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