"La Comunidad de Madrid ha realizado durante años un uso torticero, con fines políticos, de un tratamiento imprescindible para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos al final de su vida, como es la sedación paliativa o terminal". Éste es el primer punto en que se basa la querella presentada -y admitida a trámite- por la Asociación Derecho a Morir Dignamente (ADMD) contra el ex consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, y los seis médicos de la comisión que montó ad hoc para investigar el llamado caso Leganés.
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