Según esta denuncia, el Govern calificó en el proyecto de las autovías como urbanas tres fincas del empresario que estaban catalogadas como rústicas según el Plan Territorial Insular (PTI). Esto querría decir que las fincas fueron expropiadas a 150 euros el metro cuadrado y no a ocho (precio rústico). Se da la circunstancia de que este grupo empresarial habría comprado una finca a precio de rústico a su propietario, José Luis Ayguavives, que posteriormente se le expropió como urbana.
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