Según ha publicado EL PAIS sobre el inefable procedimiento ordinario nº 1407 de 2002 (sí, de 2002) del Juzgado de 1ª Instancia 11 de Sevilla textualmente: “Mientras, dado que la Junta andaluza dirigió su demanda contra Boliden Apirsa y sus matrices sueca y holandesa, para así asegurarse que estas últimas paguen tras la liquidación de la filial española, el juez le ordenó que tradujera las ocho cajas de documentos del caso. La Junta se resiste de momento a traducir los 5.000 folios al inglés, una factura que estima en 234.000 euros...
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