Según la región en la que viva, una mujer que pretenda abortar legalmente en un hospital público tendrá que elegir: o esperar entre 15 y 60 días en una situación que admite pocas demoras, o desistir y buscar ayuda por la vía privada, a veces fuera de su propia comunidad. Es lo que acaba haciendo el 97% de las españolas que interrumpen voluntariamente su gestación. Hay seis territorios que no tienen un solo centro público en el que se pueda abortar según los supuestos permitidos por la ley.
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