En cuanto a la financiación estatal de actos religiosos, en concreto de actos de culto católicos, la Defensora explica que el Estado "puede destinar infraestructuras públicas para conseguir un buen desarrollo de actos de naturaleza privada pero con participación ciudadana multitudinaria" al igual que se dispone de ellos por motivos de seguridad en actos privados con una concentración importante de ciudadanos, por ejemplo, en las manifestaciones deportivas.
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