Tras varias semanas de retraso, la semana pasada por fin el Consejo de Estado remitió su dictamen sobre el proyecto de Real Decreto para la Certificación Energética, por el que los contratos de compraventa o de arrendamientos celebrados a partir del próximo 1 de junio deberán contemplar una etiqueta que clasifica la vivienda según su consumo desde la A (menor categoría) a la G (categoría más baja y que aglutinará a los edificios de mayor consumo).
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