Un juez de Barcelona ultima una macrocausa, con la Generalitat como acusación, que acumula 28 piezas separadas, una por cada colegio electoral donde se presentaron denuncias. Decenas de policías y guardias civiles permanecen imputados acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza en las cargas para impedir el referéndum ilegal del 1-O. Sus causas se encuentran repartidas en varios juzgados de Cataluña, que han investigado durante más de tres años y medio por debajo del radar.
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