Las conductas sancionadas se refieren a casos en los que se denunciaron situaciones en las que, aparentemente, existió resistencia a la autoridad, desórdenes públicos o por la incautación de objetos que pudieran ser usados como proyectiles o armas contra los agentes. Los afectados se pueden enfrentar a multas de entre 300 y 30.000 euros en caso de que se les impute una falta grave, o, ya no tan probable, de hasta 600.000 euros si la falta es muy grave.
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