Los sindicatos calculan no menos de 3.000 despidos si el Gobierno lleva adelante su proyecto de cesión a los registradores de la propiedad. Los registros afectan a más de un millón de ciudadanos al año sólo en trámites obligatorios como nacimientos, defunciones y matrimonios. La Ley del Registro Civil debe entrar en vigor en julio porque han pasado tres años desde su publicación.
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