La amnistía aprobada a finales de marzo por el Ejecutivo y finalizada el pasado 30 de noviembre sólo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la evasión de impuestos, lo cual supone un agravio comparativo para las empresas y contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 30% en Sociedades y del 52% en el IRPF -llegando al 56% en Cataluña-, señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
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