De cuando "la sagrada persona del Rey" te obliga a declarar contra tu padre

El artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos exime de declarar contra nuestros padres, hijos, cónyuges o hermanos aunque les hayamos visto cometer un delito. Ahora bien, estaremos obligados a hacerlo cuando el delito afecte "a la sagrada persona del Rey o de su sucesor".

Es decir, si veo a mi padre violando a una niña, no tengo por qué declarar en su contra y, si fui la única persona que lo vio, saldrá absuelto porque me acogeré a mi derecho a no declarar. Pero si le oigo decir "me cago en el rey" y le imputan por injurias a la Corona, estaré obligado a declarar en su contra (aunque encarcelar a una persona por injurias a la Corona viole los Derechos Humanos, tal y como los dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta sentencia entre otras www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042036?blobheader=appl ).

Me ha venido a la cabeza semejante esperpento jurídico a raíz de la que se ha liado porque Colau y Torrent no acudieron al besamanos de Felipe VI. Según los propagandistas del régimen, ello daña brutalmente la imagen de España y pone en riesgo la continuidad del Movile World Congress. De acuerdo con su teoría, las mareas de pensionistas pidiendo pan, Urdangarín viviendo la dolce vita, el estructurado enjambre de casos aislados de corrupción, nuestra posición de cola en todas las estadísticas europeas sobre desarrollo social...todo eso no perjudica a la imagen de España. Solamente que dos cargos electos osen cuestionar "la sagrada persona del rey".

Para avanzar, nuestro país tiene que desprenderse de pesadas y hediondas capas de hipocresía, arcaísmo, vasallaje e incultura. Cuando "la sagrada persona del rey" no valga más que la integridad sexual de una niña, empezará a haber esperanza. Cuando las donaciones al Vaticano no tengan más peso que la calidad universitaria (ver al respecto www.meneame.net/m/Artículos/universidad-negocio-aprobados-milagrosos- ) estaremos más cerca de ser un país europeo civilizado. Y cuando la millonada que nos cuesta la Casa Real se invierta en contratar inspectores de trabajo y hacienda para acabar con la explotación y el fraude fiscal, habremos acabado de matar a Franco.