En 1986, miembros de la judicatura española y del gobierno fueron sobornados a cambio de que no extraditaran a los Estados Unidos a los narcotraficantes Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela, cabecillas de los cárteles de la cocaína más importantes del mundo: el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali.
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