El viernes, la Delegación del Gobierno había admitido públicamente la legalidad de la concentración del martes ante el Congreso. Legalidad que ya era palmaria el pasado 18 de septiembre, tras el transcurso de 72 horas desde que un particular solicitara la autorización ante la Delegación del Gobierno. Sin embargo, posteriormente, se imputó a una decena de personas por “un presunto delito contra altos organismos de la nación tipificado en el artículo 494 del Código Penal”, y la policía continuaba instigando a los organizadores ayer por la mañana.
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