La pena de muerte cuesta centenares de millones de dólares a los estadounidenses, incluso cuando no termina en una ejecución, un absurdo en tiempos de crisis económica, según un informe que plantea su abolición. Por un sólo proceso que implique la pena de muerte, el Estado debe pagar un millón de dólares más que por un proceso sin pena de muerte.
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