Ante el decreto presidencial que ha declarado de "interés nacional" la tala de más de 250 hectáreas de bosques para facilitar la actividad minera a cielo abierto, las comunidades de la zona norte, los grupos ambientalistas y cantidad de organizaciones cívicas y ciudadanas de Costa Rica alertan a la comunidad internacional y solicitan el cese de la actividad que provocará grandes daños ambientales y ecológicos. El Ministerio Público ha acusado al Presidente por prevaricato por este decreto.
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