El Diario Oficial de Castilla-La Mancha certificó este viernes la desaparición del defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social (CES) de esta comunidad, dos instituciones que el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal ha decidido suprimir al considerarlas prescindibles dentro de sus planes ahorro y de recortes. La eliminación de estos dos organismos supondrá un ahorro anual de unos tres millones de euros.
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