Los recortes que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende aplicar en la atención a Mayores van a suponer la expulsión de 650 ancianos de las residencias de la región, la pérdida de entre 1.500 y 2.000 empleos y un gravísimo deterioro de la calidad asistencial. El Gobierno de Castilla-La Mancha va suprimir la financiación de 450 plazas de las 4.500 que tiene concertadas con las residencias privadas de mayores de nuestra comunidad autónoma y recortará otro 10% (unas 200 plazas) las que tiene conveniadas con entidades sin ánimo de lucro.
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