Si el TSJCV diera la razón a los exdiputados, el Legislativo, según fuentes oficiales, debería desembolsar la friolera de casi 27 millones, de los que 820.000 euros corresponden a las indemnizaciones por cese y alrededor de 26 millones, al coste de las pensiones parlamentarias que se extenderían a todos los exparlamentarios más el importe de la capitalización de estas «pagas» de cara al futuro (provisión de fondos) que habría que realizar el primer año. Después, cada ejercicio habrá que desembolsar las cantidades correspondientes.
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