El máximo tribunal de justicia considera que la píldora funciona como un método abortivo, y que por lo tanto posibilita la violación del artículo 126 del Código Penal de Honduras, que penaliza el aborto sin excepción alguna. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres sostienen que dicha decisión no solamente distorsiona la posición científica de las principales organizaciones mundiales de la salud, sino que viola “crasamente” (que significa con suma ignorancia) los derechos humanos de las mujeres hondureñas.
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