El Ayuntamiento de Jerez, gobernado por el Partido Popular, privatizó la gestión de este servicio básico en abril de 2013, a cambio de un canon de 80,1 millones de euros. Ocho meses después de la externalización del servicio, la compañía ha ordenado desconectar a los usuarios con impagos. La empresa defiende que algunos vecinos adeudan facturas "desde hace ocho meses". Todos las familias que han sufrido la suspensión del suministro deben abonar además del recibo pendiente un canon de reconexión de 60 euros.
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