La Consejería de Empleo da un giro y ahora admite que algunas ayudas eran ilegales. Las subvenciones directas a las empresas concedidas entre 2001 y 2010 son uno de los mayores quebraderos que afronta la Consejería de Empleo. Casi un año después de que saltara el escándalo de los ERE, la Junta ha modulado su posición inicial en defensa de la legalidad de las ayudas por 65 millones concedidas a discreción. Hasta el mes pasado el Ejecutivo defendía la legalidad de todas las ayudas pese a que muchas carecían de estudio de viabilidad.
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