La tramitación de multas por obras ilegales le cuesta al Ayuntamiento de Córdoba hasta diez veces más de los ingresos que puede obtener de quien comete la infracción. Puede parecer un contrasentido, pero no lo es, a tenor de un estudio de costes del Servicio de Inspección Urbanística elaborado por el Órgano de Planificación Presupuestaria. El informe concluye que toda la burocracia que lleva aparejada la imposición de sanciones urbanísticas le supone un desembolso anual de unos 4,83 millones de euros al Consistorio.
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