En medio de la crisis más grave que se recuerda, con millones de parados y miles de personas que se ven en la calle de un día para otro, recurrir un despido, por ejemplo, te cueste más de 200 euros. Eso provoca indignación y genera más desigualdad. Imponer un nuevo copago a los ciudadanos en algo tan intrínseco a una democracia como el derecho a recibir justicia es insensible, poco inteligente, por mucho que se empeñe el ministro Gallardón, y apunta a una avidez recaudatoria a la que ya no se va a escapar ningún servicio básico.
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