Tras estudiar los expedientes, el Ejecutivo considera probado que la compañía aérea cometió tres infracciones graves en materia de protección al consumidor. La Dirección de Consumo comprobó que Iberia no asumió su responsabilidad de indemnizar a los perjudicados y facilitó varias versiones diferentes de las causas que ocasionaron el retraso para "eludir su responsabilidad".
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