Fuentes del Constitucional dan por sentado que en este caso se seguirá el precedente marcado por el caso de los papeles de Salamanca. El alto tribunal ya se pronunció en aquel caso en el sentido de rechazar la suspensión por entender que la Constitución no permite suspender leyes del Estado impugnadas por un tercero porque se trata de un acto que va contra la voluntad popular
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